Un fuerte cuestionamiento hizo la Corte Constitucional a los jueces del país, pero principalmente a los jueces de familia, por incumplir con su deber de salvaguardar y proteger los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar cuando ello lo amerita.

La corporación judicial lamentó que los funcionarios judiciales no estén adelantando los respectivos procesos de violencia intrafamiliar bajo los parámetros del principio de igualdad sin que se genere discriminación o afectación a las víctimas, máxime cuando su deber es analizar los casos desde el enfoque de género.

Recordó el alto tribunal que, a pesar de los esfuerzos del Estado por incorporar diferentes mecanismos de protección en el ordenamiento jurídico, los índices de violencia especialmente doméstica siguen aumentando según información del Instituto de Medicina Legal.

La entidad también reveló que en 2017 se reportaron 35.690 casos de violencia en parejas, de los cuales 8.659 casos son en Bogotá. Respecto de situaciones de violencia intrafamiliar, se encontraron 13.422 casos, en los que 4.631 involucraron situaciones con niñas de 0 a 4 años de edad.

La Corte advirtió que la violencia contra la mujer no es sólo física, sino que también puede ser psicológica, por lo que llamó la atención sobre el papel que ejerce el Estado a través de sus jueces y magistrados y de su obligación de prevenir y propiciar a las mujeres una vida libre de violencias en el derecho civil y el derecho de familia.

De ahí que afirmara la necesidad que existe de fortalecer la intervención de todos los jueces en los casos de maltrato doméstico y psicológico, con el fin de que estos casos trasciendan al ámbito público y no permanezca dentro de la esfera privada.

En este sentido, resaltó que en ningún caso los derechos del agresor pueden ser valorados judicialmente con mayor peso que los derechos humanos de la mujer a su integridad física y mental y a vivir libre de cualquier tipo de violencia.

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El pronunciamiento lo hizo la Corte al estudiar el caso de mujer que no solo denunció ser víctima de agresión física y psicológica de su expareja, sino que además afirmó que el Juzgado de Familia, que llevaba su proceso vulneró sus derechos al no valorar adecuadamente las pruebas que evidenciaban los actos de violencia cometidos por su antiguo compañero.

Cuando la actora se fue de la casa con su hija la situación empeoró, pues en diferentes ocasiones la amenazó con arrojarle ácido o quitarle la vida sino volvía con él, al punto de que se tuvo que ir a vivir a una casa refugio para esconderse de su agresor. A pesar de lo anterior, la juez le impuso la misma sanción que a su agresor.

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