Tras el atentado del 15 de marzo contra dos mezquitas en la ciudad neozelandesa de Christchurch; el parlamento australiano aprobó una legislación que castiga con duras sanciones a los directivos de las redes sociales que no retiren de sus plataformas contenidos violentos.

La nueva legislación dicta que quienes violen la nueva normativa, deberán enfrentar penas de hasta tres años de prisión o millonarias multas, esto en caso de no borrar videos de asesinatos, violaciones, torturas o secuestros; o también aquellos que no alerten a las autoridades.

Tan pronto se conoció la noticia las tecnológicas reaccionaron alegando que la medida no ataja los discursos de odio de quienes cometen este tipo de atrocidades.