Como el reclamo de la viuda que nunca recibió su indemnización, la denuncia de un constructor de Santa Marta contra el hoy magistrado Alberto Rojas Ríos no se movió en la Fiscalía desde 2006 hasta la semana pasada. El caso tiene que ver con documentos que Rojas habría ignorado como procurador delegado para, según los denunciantes, inducir en un error a las autoridades que detuvieron una construcción en Santa Marta.

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes le abrió investigación preliminar al magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos por la denuncia por abuso de autoridad, en el que intervino cuando era Procurador delegado para asuntos civiles.

En este auto de la Comisión también se solicita certificar la calidad de aforado de Rojas Ríos, pues este proceso estuvo quieto en manos de la Fiscalía durante siete años, hasta cuando asumió como magistrado en mayo pasado.

Según la denuncia, Rojas Ríos habría requerido ilegalmente al alcalde de Santa Marta, Juan Pablo Díaz Granados, para que este recuperara un lote ubicado en el sector de Lagos del Dulcino de Santa Marta, aduciendo que se trataba de un bien público, pero era privado con todos los títulos de legitimidad.

El caso a un proyecto de vivienda en Santa Marta que decidió adelantar a finales 2005 la Sociedad Sierra Laguna. Antes de comprar el terreno en donde se desarrollaría se investigó en la Oficina de Planeación y se encontró que se permitía construir vivienda. Se hicieron los títulos de propiedad y la licencia de construcción fue expedida en 2006. Ese mismo año se inició el proyecto.

Sin embargo, cuando la estructura de concreto estaba terminada, la Dimar, entidad pública expidió una resolución según la cual los terrenos eran de uso público, aparentemente desconociendo los títulos privados. La Procuraduría encabezada por Rojas Ríos habría pasado por alto esos documentos.