Los contratistas mexicanos que incumplieron el contrato de reparación de la malla vial iban a pagarle a Bogotá una multa de 9 millones de dólares, pero el abogado Álvaro Dávila, amigo del alcalde Samuel Moreno, le pidió al IDU no recibirles la plata.

La subdirectora del IDU, Ana María Ospina, le pidió a Inocencio Meléndez desistir del cobro por recomendación de Dávila y del secretario general Yuri Chillán.

El 20 de enero de 2008, durante la alcaldía de Samuel Moreno, el entonces director jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Inocencio Meléndez elaboró un documento por medio del cual se autorizaba al Secretario General de la Alcaldía de Bogotá Yuri Chillán a recibir 9 millones de dólares, sin contar intereses, a favor del distrito por concepto de la condena a la firma mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA) por haber incumplido un contrato de 1997 para reparar la malla vial de la capital.

El documento fue remitido a la subdirectora del IDU, Ana María Ospina, para que le diera trámite. El 6 de febrero de 2008 fue enviado a la Secretaría General de la Alcaldía y debía ser firmado por Yuri Chillán para que el distrito oficialmente pudiera recuperar la plata.

Sin embargo, el documento no se firmó… En cambio, fue devuelto al director jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, con una nota de puño y letra de la sub directora Ana María Ospina argumentando que por recomendación del abogado del distrito Álvaro Dávila el distrito desistía de cobrar el dinero.

En 2009 el embajador de México en Colombia le escribió personalmente al alcalde Samuel Moreno para interceder por el contratista ICA, reiterándole que la firma mexicana quería pagarle al distrito para no inhabilitarse en la participación de futuras licitaciones en Bogotá.

Proyectos en los que también tenían interés los miembros del carrusel de la contratación. La Subdirectora Ana María Ospina, era la cuota de Álvaro Dávila en el IDU. Hoy está siendo investigada por la Fiscalía por celebración indebida de contratos, prevaricato por acción y peculado en la Fase III de Transmilenio, malla vial y 20 contratos de valorización. 16 años después el distrito no ha podido recuperar los dineros, incluyendo anticipos, que le debe ICA de México por incumplimiento del contrato.