Altas Cortes, Gobierno y Congreso convocan gran acuerdo nacional para reformar la justicia
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Ante la crisis que atraviesa la rama judicial, por los graves hechos de corrupción que involucran a exmagistrados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es que se acordó llevar a cabo una cumbre de poderes en Pasto para lograr soluciones urgentes.
En esta ocasión, por primera vez la Corte Constitucional aceptó a través de su presidente participar en lo que se ha denominado un gran acuerdo nacional para reformar la justicia.
Indicó el presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, que en esta ocasión no se puede negar que existen “dolorosos momentos” en la administración de justicia “por cuenta de fenómenos de corrupción que pudieron haber perneado al más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria, nuestra Corte Suprema de Justicia”.
Afirmó que se trata de una realidad que “lacera el alma individual y de manera colectiva” por lo que se debe interrogar “qué sociedad es esa en la que los corruptos se atreven a acercarse a las Cortes en la que, deplorablemente, algunos de sus integrantes pueden haber caído en la espiral de la piedra de los valores”.
Aseveró que actos como esos son los que socavan la confianza pública, “una confianza que había sido construida desde el diseño de las instituciones. Esa confianza fue labrada durante años por hombres y mujeres que han defendido la Constitución contra los abusos de poder pero todo se desborona”.
No obstante, Guerrero afirmó que si bien es cierto que se requieren medidas adicionales, estás no deben darse “como reacción a la coyuntura, sino con un juicio sereno sobre hechos que son graves. No puede haber allí espacio para la improvisación, para las soluciones inspiradas”.
“En Colombia, hemos perdido el sentido de la gravedad que tienen las reformas constitucionales. Las constituciones son decisiones colectivas en torno a asuntos de estabilidad” agregó.
Finalmente afirmó que debe existir una acción rápida y categórica “por medio de la cual se impongan drásticas sanciones cuando corresponda” en momentos en que se presente situaciones como el reciente escándalo que tiene en la cárcel al expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte.
Acciones que a su juicio deben dar un claro mensaje de “que como sociedad, como Estado somos capaces de responder al desafío de los corruptos. Deben operar las instituciones y debe haber un respaldo colectivo a las acciones que han emprendido ya y que deben dar resultados en breve tiempo”.