La Corte Constitucional amparó los derechos de tres personas a quienes la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) negó la inclusión al Registro Único de Víctimas (RUV).

La Sala Séptima de Revisión argumentó que “la UARIV está obligada a motivar sus decisiones con elementos que demuestren que los hechos victimizantes no se dieron en el marco del conflicto armado interno, acudir a diferentes bases de datos, consultar fuentes y evaluar elementos jurídicos, técnicos y de contexto”.

Cabe destacar que, el pronunciamiento de la Corte Constitucional se dio al examinar la escasa documentación recaudada por la UARIV en las negativas de inclusión de personas al registro.

El alto tribunal señaló que “en algunos casos se basó en la simple valoración de la declaración rendida por los solicitantes y la exposición de algunos elementos de contexto”.

El ente considera que el principal insumo para determinar la inclusión de una persona al RUV por el hecho victimizante de homicidio es el expediente de la Fiscalía General de la Nación y, dependiendo del caso, las sentencias proferidas por los jueces de la República en materia penal.

En estos tres casos concretos la Corte examinó las peticiones de las madres de dos personas asesinadas en Medellín en 1996 y 2011, y el padre de dos jóvenes asesinados en Planadas, Tolima y la UARIV negó las inclusiones al considerar que la información aportada al proceso no relacionaba los crímenes con el conflicto armado.

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