La Procuraduría General de la Nación, archivó la indagación preliminar adelantada contra miembros (por establecer) del Ejército Nacional, adscritos al Comando Conjunto de Inteligencia (CCONI) y a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica (RIMEC) por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos pertenecientes a la cuenta “gastos reservados”. 

De acuerdo a la Procuraduría, la entidad advirtió en su momento de la existencia de una prohibición normativa para decretar nuevas pruebas en la indagación preliminar iniciada en 2017, debido a que se agotó el término de seis meses establecido legalmente para esta etapa.

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El proceso disciplinario se inició por parte de la delegada para las fuerzas militares, en diciembre de 2017; posteriormente, el 13 de marzo de 2018 se remitió la actuación al despacho del procurador General de ese entonces Fernando Carrillo Flórez, al advertir que en las presuntas irregularidades habrían intervenido oficiales del Ejército Nacional en el grado de general. 

El 4 de mayo de 2018 el despacho de Carrillo, ordenó romper la unidad procesal para que, por un lado, se analizara un posible uso indebido de los gastos reservados y por el otro, una supuesta interceptación de comunicaciones.

El 3 de agosto de 2018 delegaron al viceprocurador de entonces, Juan Carlos Cortés para continuar la actuación.  

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El 18 de agosto de 2018 el despacho del viceprocurador citó a audiencia pública y formuló pliego de cargos por presunto uso indebido de los gastos reservados.

Tres meses después, el 20 de noviembre de 2018, la Sala Disciplinaria de esa época decretó la nulidad de la actuación por error en la calificación jurídica y desconocimiento del principio de favorabilidad, ordenó además devolver el proceso a la etapa de indagación preliminar.  

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Posteriormente, la Procuraduría reanudó la actuación y analizó el material probatorio allegado y advirtieron la falta de contundencia en las pruebas recaudadas. 

En 2021 precisamente por la irregular y deficiente actuación disciplinaria adelantada por la administración anterior de Carrillo y Cortés, cuya calificación (pliego de cargos) fue declarada nula por violar varios principios procesales, sumado a la mencionada ausencia de pruebas que respaldaran los hechos motivo de investigación, debió declararse el archivo. 

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Por lo cual, ante estas grandes falencias investigativas encontradas por “esta administración, la única decisión jurídica procedente era el archivo de la actuación disciplinaria”, puntualizó la Procuraduría.