Luego de aprobarse en junio de 2015 la Reforma de Equilibrio de Poderes, las Comisiones Primeras Conjuntas de Senado y Cámara dieron vía libre al marco regulatorio que busca juzgar a los magistrados de las Altas Cortes y al Fiscal General de la Nación por procesos penales, disciplinarios y fiscales en el ejercicio de sus funciones.

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La decisión permitiría a la Comisión de Aforados, encargada de vigilar las actuaciones de los altos funcionarios, solicitar la suspensión de su cargo entre tanto son investigados, “incluso se podría decretar una medida de aseguramiento cuando se trate de un proceso penal”, explicó Hernán Penagos, ponente del proyecto.

Reza el artículo 22: “Medidas cautelares y de aseguramiento. En el marco de la investigación formal, la Comisión de Aforados podrá solicitar al juez de control de garantías la imposición de una o varias medidas cautelares o de aseguramiento a las que haya lugar”.

La Comisión de Aforados será el agente encargado de vigilar la ejecución de las funciones de los magistrados y el Fiscal, pero serán la Cámara y el Senado quienes lleven a cabo las indagaciones disciplinarias y fiscales. De las penales la Corte Suprema de Justicia.