El estudiante cuyos derechos amparó el Tribunal de Cundinamarca en su más reciente tutela a favor de Gustavo Petro, no gozaba del derecho al voto cuando el alcalde de Bogotá fue elegido. Él tenía 17 años el 30 de octubre de 2011 cuando Petro ganó las elecciones en Bogotá, aun así el magistrado que le concedió la tutela consideró que su reclamo era legítimo.

José Sebastián Calderón Pedraza fue el joven que logró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de su magistrado César Palomino, le concediera una tutela que suspende temporalmente, los efectos del fallo de destitución del alcalde Petro. La tutela de Calderón fue aceptada por el magistrado Palomino porque según dijo este en el fallo, el estudiante es un agente oficioso de Petro.

“En calidad de ciudadano y agente oficioso del señor Gustavo Petro Urrego”.

Pero Calderón no estaría legitimado, según lo ha dicho la Corte Constitucional en repetidas sentencias, para ser agente oficioso del alcalde, porque esa condición solo se acepta en los tribunales de tutela cuando el afectado, en este caso el Alcalde, no puede poner el recurso por sí mismo.

El exitoso estudiante Calderón solo tenía 17 años cuando el alcalde fue elegido, el 30 de octubre de 2011. Es decir, era menor de edad y no podía votar ni por él ni por otro candidato. Pero el joven sí cree que sus derechos han sido afectados directamente.

La cédula de Calderón fue inscrita ante la Registraduría para votar por primera vez el 16 de abril de 2012 en el barrio Las Orquídeas de la capital, o sea cinco meses y medio después de la elección para Alcalde. Aun así el magistrado Cesar Palomino Cortés le dio vía libre a la tutela.

El estudiante de Derecho defendió la legitimidad de su acción de tutela: “mi acción de tutela está legalizada, legítima, perdón, es legítima porque cualquier ciudadano puede ser parte del control político de la ciudad”.

Pero el constitucionalista Alfredo Beltrán no opina lo mismo debido a la jurisprudencia que conoció como magistrado.

La última palabra sobre la validez de aceptar esta tutela y sobre la suspensión provisional del fallo contra Petro la tendrá el Consejo de Estado y, eventualmente, la Corte Constitucional.