Los cinco detenidos hacían parte de la Ley de Justicia y Paz. Eran excombatientes del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas. Los capturados serán excluidos del sistema de Justicia Transicional, perderán todos los beneficios y serán procesados por la justicia ordinaria.

Después de varios meses de interceptaciones, seguimientos e investigaciones, la Fiscalía logró identificar y desarticular una organización criminal conformada por estos cinco postulados activos, que gozaban del beneficio de libertad por sustitución de la medida de aseguramiento concedida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá.

Dicha organización tenía su eje de operaciones en las ciudades de Bucaramanga, Girón y Barrancabermeja, en el departamento de Santander, Villa Rica y Santander de Quilichao en el departamento del Cauca; desde allí se dedicaban a las actividades ilícitas.

“Coordinaban actividades relacionadas con la consecución y compra de sustancias estupefacientes”, señala el informe de la Fiscalía General, cuya investigación fue liderada por un fiscal de la Unidad de Compulsa de Copias.

El informe añade que la droga era enviada por vía terrestre, “utilizando como medio de transporte diversos automotores, incluidos vehículos asignados a esquemas de seguridad por la Unidad Nacional de Protección”.

Los capturados son Rubén Dario Romero Celis, alias “Ruco”, Rubén o Manchas dedicado a la compra y comercialización de estupefacientes; Wilfred Martínez Giraldo, alias “Gavi o Gavilán”, quien financió la compra y distribución de drogas.

John Jairo Acuña Rodriguez, alias “El Oso”, prestó una camioneta asignada a su esquema de seguridad e incautada en noviembre del año pasado en el sector de El Bolo jurisdicción de Candelaria en el Valle del Cauca, donde fueron capturados tres agentes de la UNP.

Alonso de Jesús Monsalve Vanegas, alias “Elkin o El Pirata”, quien organizaba y coordinaba la comercialización de estupefacientes y Luis Alfonso Hitta Gomez, alias “Jacobo o Ita”, dedicado a la venta de narcóticos.

Además, fueron capturados Jagdy Gomez Dorado; Sandro Villareal Vasquez y Luis Alfonso Cala Fernández, quienes gestionaban el transporte de los estupefacientes a través de encomiendas y transporte público intermunicipal.

Estas ocho personas tendrán que responder por cargos como concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, adicionalmente serán excluidos de la Ley de Justicia y Paz.

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