Luego de que el Tribunal de Bogotá le negara la tutela con la que buscaba suspender su proceso en el Senado, el magistrado Jorge Pretelt acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de lograr lo mismo mediante el otorgamiento de medidas cautelares, las mismas que impidieron que el exalcalde Petro fuera retirado de la Alcaldía de Bogotá.

La CIDH está actualmente conformada por siete comisionados de igual número de países. Colombia está representada por Enrique Gil Botero, con cierta cercanía personal y profesional con el investigado Pretelt.

Las relaciones de amistad, de partido y de profesión de Jorge Pretelt, Alejandro Ordóñez y Enrique Gil Botero parecen estar incidiendo tanto en el juicio que se le adelanta en el Senado a Pretelt, como en la futura elección de procurador general.

Hace unos meses, Pretelt se enfrentó a sus compañeros de Sala Plena en una acalorada discusión, acusándolos de “vetar” la elección de Enrique Gil Botero y del exmagistrado del Consejo de Estado Marco Antonio Velilla, como conjueces de la Corte.

Gil Botero fue consejero de Estado con el voto del Procurador Ordóñez, por lo que los demandantes de su reelección lo recusaron para conocer el estudio de la nulidad de ese acto. Gil y Marco Antonio Velilla, los dos candidatos defendidos por Pretelt, fueron señalados de frenar el proceso de demanda de la reelección de Ordóñez que después de 4 años no avanza.

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A su vez el procurador, quien ha sido abiertamente defensor de Pretelt en el Congreso a través de su Viceprocuradora Martha Castañeda, le lanzó en los últimos días un salvavidas al acusado, pidiéndole al Senado anular el trámite.

Gil al igual que Pretelt y Ordóñez, es de filiación conservadora, por lo que ésta colectividad lo acaba de ternar como candidato para ser el sucesor de Ordóñez.
Además de Gil Botero, otro amigo cercano del magistrado Jorge Pretelt estuvo durante cuatro años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de Rodrigo Escobar Gil, vinculado al mismo escándalo y acusado por la Fiscalía de recibir 200 millones de pesos para favorecer a Fidupetrol a través de Pretelt Chaljub.

El magistrado Jorge Pretelt busca que la CIDH le otorgue medidas cautelares antes de que el Senado eventualmente lo suspenda del cargo, declare su indignidad y lo juzgue ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de concusión.