Por la grave situación de salud, sanitaria y ambiental que enfrenta San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Procuraduría General de la Nación convocó a la gobernadora encargada, Sandra Howard Taylor; al viceministro de Salud, Luis Fernando Correa Serna; al director de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente, Fabián Hernán Gonzalo Torres, y al superintendente de Salud, Luis Fernando Cruz Araujo, para evaluar que medidas extraordinarias se pueden implementar.

La audiencia se realizará este miércoles a las 3.00 p.m. en la sede principal de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá.

El ente de control pidió declarar la emergencia sanitaria y ambiental, con el objetivo de dar soluciones de fondo que generen una adecuada atención en salud, que permitan el restablecimiento de un ambiente sano para los sanandresanos y la prevención de posibles impactos que se pudieran generar a los ecosistemas.

Por su parte, el organismo de control ha hecho una serie de recomendaciones, y ha interpuesto acciones judiciales en defensa del patrimonio ecológico de la isla y los sanandresanos.

Una de las sugerencias fue la acción popular presentada para impulsar la puesta en marcha y ejecución de la Planta de Generación de Electricidad de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y los incidentes de desacato interpuestos advirtiendo la deficiente operación del relleno sanitario Magic Garden de la isla.

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A esa situación se suma que  los residuos anatomopatológicos están acumulados a la intemperie  y sin ningún tipo de protección  en el hospital Clarence Lynd Newball Memorial, lo que representa un grave peligro para la salud de los visitantes y habitantes de la isla.

En este departamento también hay un grave problema con el hospital Clarence Lynd Newball Memorial, que presenta falta de insumos, medicamentos, servicios de laboratorio y de cirugías. “Se encontró acumulación de patologías sin analizar desde el 2017, lo cual podría atentar contra el derecho de los pacientes a un diagnóstico oportuno y una deficiente aplicación de los protocolos de aislamiento entre los pacientes del hospital, quienes están en riesgo de infección”, explicaron la Procuraduría y la Defensoría al hacer una visita a la zona.

La Procuraduría conoció que desde el 1 de mayo la firma Anestesiar no tiene contrato con el Clarence Lynd Newball Memorial. Además son preocupantes las condiciones de la planta de gases medicinales, la cual a pesar del riesgo que reviste por su carácter inflamable, carece de un sistema de control de temperatura.

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