A puerta cerrada se llevó a cabo en la Vicepresidencia de la República una reunión entre el Vicepresidente Oscar Naranjo, el viceministro de Política Criminal, Carlos Medina y la abogada representante del Clan del Golfo.

Durante el encuentro según reveló el Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, la abogada representante de esa organización criminal “manifestó su ánimo, su voluntad para proceder al sometimiento” por lo que el paso a seguir es diligenciar no solamente las actas de sujeción individual sino cumplir con todos los puntos de la Ley 198 de 2018 o Ley de sometimiento judicial, por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales.

Indicó el Ministro que lo que sigue ahora es “llenar y hacer llegar las actas de sujeción individual para efectos de que el Gobierno estudie cada una de estas actas y poder cubrir de manera general toda la organización, todos los grupos criminales”.

Afirmó que incluso la abogada durante la reunión manifestó “que están en la construcción de las actas de sometimiento (…) ellos están en ese andamiaje y materialización de esas actas de sujeción que cuando las hayan realizado las harán llegar. El gobierno está abierto para recibirlas”.

En ese punto advirtió Gil Botero que la ley es clara en señalar que “el sometimiento es de las organizaciones criminales, aquí se busca el sometimiento de un todo”.

Agregó además que se deberá informar al Gobierno no solo sobre el número de hombres que pertenecen al Grupo Armado Organizado, sino también y de manera precisa “todo lo que concierne a la estructura criminal, bienes, rutas, todo lo que sean activos o pertenezcan a la estructura como tal”.

Precisamente fuentes consultadas al interior del Gobierno, revelaron que la abogada representante del Clan del Golfo manifestó la intención de cumplir con los puntos que establece la ley, los cuales deberán manifestar de manera escrita al Gobierno, estos son:

  1. Manifestación expresa, libre, voluntaria y debidamente informada de sujetarse a la justicia.
  2. Información precisa que permita identificar la estructura del grupo armado organizado, su área de influencia y expansión territorial, su modo de operación y el número total de sus integrantes.
  3. La individualización de todos los miembros que se van a sujetar a la justicia con sus respectivas actas de sujeción individual, suscritas bajo su nombre, documento de identificación, firma y huella.
  4. Las conductas delictivas que serán reconocidas colectiva o individualmente por los integrantes de la organización, en especial lo relacionado con actos de corrupción y la vinculación de servidores públicos en ellos; tráfico de estupefacientes, lo que incluye rutas de narcotráfico, lavado de activos y ubicación de plantaciones; participación de menores en las actividades del grupo armado organizado; minería criminal y tráfico de armas.
  5. Información conducente para la identificación de las víctimas de los delitos que serán reconocidos colectivamente.
  6. Relación detallada de los bienes que han sido obtenidos producto de la comisión de conductas punibles y que serán entregados en el marco de la sujeción a la justicia. Tratándose de bienes cuya tradición esté sujeta a registro, se identificarán como corresponde, de conformidad con la ley.
  7. Información específica sobre otras actividades económicas y del mercado ilícito de las cuales derivan recursos económicos para su financiamiento y articulación, así como la relación e información de los testaferros del grupo y sus miembros.
  8. La información sobre las distintas estructuras de apoyo, en especial aquellas compuestas por otras organizaciones criminales y por servidores públicos.
  9. La individualización e identificación de los menores de edad que hagan parte de la organización, quienes serán entregados a la protección del Estado, antes de la reunión de los miembros del grupo.
  10. Un plan de reparación a las víctimas.
  11. Las demás que establezca el Gobierno nacional.

Resaltó que el paso a seguir es terminar la reglamentación que en este momento viene haciendo el Gobierno “para diseñar la logística de acogimiento y de mantenimiento a efectos de poder llegar a una feliz judicialización”.