El Concejo de Barranquilla debe explicar la presunta financiación de la campaña de la senadora electa Aída Merlano. Dos contratistas, que además, trabajaban en la campaña de la congresistas son señalados de haber recibido órdenes de prestación de servicios por más de mil 500 millones de pesos.

Las curules de los concejales Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora estuvieron vacías. Los dos políticos a quienes la Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir  y corrupción al electorado, no asistieron a la sesión que se cumplía simultáneamente con la rueda de prensa del fiscal.

A raíz de la revelación en el sentido de que el Concejo de Barranquilla se habría convertido en fuente de financiación de la llamada Casa Blanca, el presidente del Concejo, Oscar David Galán dijo que no conocía la información sobre presuntas órdenes de servicio por más de mil millones de pesos a uno de los capturados el pasado 11 de marzo.

«Lo que quiero decir frente a ese particular es que aquí los concejales tienen unidades de apoyo normativa. Como existen en el Congreso y en todos los concejos del país donde tienen unos asesores a los cuales se les encomiendan unas tareas. Me imagino que alrededor de este tema es que estarán inmersos, pero son personas que han sido postuladas por estos concejales. Si hay alguna circunstancia de carácter legal deberán responder ellos ante la justicia. El Concejo lo que hace es actuar de buena fe», explicó Óscar David Galán, presidente del Concejo de Barranquilla

Dijo desconocer los hechos en los que se involucran a dos integrantes de esa corporación.

En la Asamblea del Atlántico, en donde la Fiscalía también llamó a imputación a los diputados Jorge Rangel y Margarita Balén, una sesión que estaba prevista para hoy fue suspendida por la mesa directiva.