La decisión de segunda instancia, del Tribunal Superior de Barranquilla en la que confirmó la orden a la Supersalud a pagar al menos 85 mil millones de pesos a 36 IPS del país que prestaban servicio a siete EPS liquidadas, puede extenderse a todas las instituciones prestadoras de salud en crisis por las deudas del sistema.

Se condenó a Supersalud como solidariamente responsable de la situación por ser la entidad que ordenó la liquidación de las EPS.

Iván Alemán Peñaranda, abogado, dijo, «lo que hace ver Supersalud es que vendrían muchas más demandas a futuro de esas características, y obviamente, cada una de las IPS de que tengan circunstancias similares a esa iniciarían el proceso».

El abogado demandante dijo que la Supersalud no se ve amenazada a desaparecer por estas demandas.

«El presupuesto de la Supersalud es un presupuesto del orden nacional que ya tiene que tener rubros específicos para cualquier tipo de litigio que se presente».

Las EPS liquidadas que acumularon la multimillonaria deuda son Selvasalud, Salud Cóndor, Solsalud, Calisalud, Golden Group, Comfenalco Antioquia y Humana Vivir.

«Estamos hablando de deudas que vienen de los años 2008, 2009, 2010, 2014 y 2015. De diferentes cuantías. Una serie de deudas que se presentan respecto de estos demandantes».

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Por ser un proceso ejecutivo, un Tribunal Superior es la última instancia y no cabe ningún recurso contra esta decisión judicial y la Supersalud debe pagar por haber dado vida a esas EPS y no vigilar que cumplieran sus compromisos.

«Es la entidad del orden nacional del Estado que autoriza a las EPS a autorizar el servicio.  Y las habilita a funcionar,  con base en esa habilitación es que las IPS operan o funcionan», indicó Peñaranda.

Las 36 IPS demandantes están ubicadas en Bogotá, Barranquilla, Cali, Valledupar, Santa Marta y Bucaramanga.