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Condena al Estado por masacre Santo Domingo anticipa vacíos del nuevo Fuero Militar

Aún después de que Colombia fuera condenada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la masacre de Santo Domingo, el abogado Rafael Nieto asegura que no hubo bombardeo de la Fuerza Aerea Colombiana -FAC- contra esa vereda de Arauca.

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Condena al Estado por masacre Santo Domingo anticipa vacíos del nuevo Fuero Militar


Aún después de que Colombia fuera condenada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la masacre de Santo Domingo, el abogado Rafael Nieto asegura que no hubo bombardeo de la Fuerza Aerea Colombiana -FAC- contra esa vereda de Arauca.

La corte se basó en el dictamen del FBI y forenses colombianos que atribuyeron la muerte de 17 civiles a una bomba de la Fuerza Aérea. Es posible que estemos frente al desacato de Colombia frente a otro fallo internacional.

El 13 de Diciembre de1998, un helicóptero de la Fuerza Aérea, lanzó una bomba clúster o “racimo” sobre Santo Domingo, Arauca, causando la muerte a 17 campesinos entre ellos seis niños y niñas.

27 más resultaron heridas. La Fuerza Aérea nunca reconoció su responsabilidad.

Hoy 14 años después la Corte Interamericana de Derecho Humanos condeno al Estado colombiano por esos hechos.

Para Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, el fallo del tribunal internacional no se limita a la condena de Santo Domingo sino que por similitud puede ser una advertencia para el Estado con la aplicación fuero militar. Gallón, aseguró que en el caso Santo Domingo, se evidencia que las investigaciones por las acciones militares en las que mueren civiles, son competencia de la justicia ordinaria.

Rafael Nieto Loaiza quien defendió a Colombia se mostro en desacuerdo con este fallo y aseguró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es competente para juzgar acciones que son propias de la guerra y que se rigen por el Derecho Internacional Humanitario.

Gallón piensa que en las afirmaciones hay una contradicción de fondo respecto a la argumentación de quienes defendían la aprobación del fuero militar.

Al margen de la discusión, las victimas piden un acto público de reparación del Estado frente a ellas.

El Estado tiene un año para cumplir con las medidas de reparación a las familias de las víctimas, ordenadas por el Alto Tribunal.

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