La Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que mantenga la condena a tres de los directivos de la empresa lérida CDO, la constructora del edificio Space que se derrumbó en Medellín en el 2013.

En una audiencia realizada en la ciudad, el fiscal del caso, Julio Ospino señaló que la defensa no tiene razón al asegurar que sus clientes fueron condenados por hechos diferentes a los consignados en la acusación de la Fiscalía.

“Los hechos narrados por la Fiscalía en la acusación son los mismos que sirvieron para la condena en el entendido que los acusados no tuvieron en cuenta las normas de sismo resistencia y no practicaron los debidos controles sobre las obras de construcción del edificio”, aseguró el fiscal Ospino.

Por su parte, el abogado Álvaro Vargas, defensor del gerente de Lérida CDO, Pablo Villegas, sostuvo que se violó el derecho al debido proceso porque se les acusó de no haber aplicado las normas de sismo resistencia al momento de la construcción del Space, mientras que en la condena el Tribunal Superior de Medellín sostuvo que no protegieron la torre 6 que se desplomó.

“Es claro que aquí se violó el principio de congruencia, según el cual ninguna persona podrá ser declarada culpable por hechos que no constan en el proceso y eso fue lo que ocurrió aquí”, indicó el abogado Vargas.

La hermana de una de las víctimas, Ángela Cantor le pidió a la Corte que mantenga la condena proferida por el tribunal, puesto que fue dictada respetando el derecho de los procesados y con las pruebas suficientes que demostraron su responsabilidad.

“Aunque creemos que la imputación fue muy laxa, y por ello el resultado de la condena, sabemos que las pruebas fueron bien practicadas porque ellos vendieron un edificio con unas supuestas calidades urbanísticas que no tenían”, explicó Cantor.

La condena proferida por el Tribunal Superior de Medellín señala que Pablo Villegas Mesa, gerente de Lérida CDO, tendrá que pagar 51 meses de cárcel; María Cecilia Posada, directora de proyectos de la misma empresa, 49 meses de prisión; y Jorge Aristizábal, ingeniero calculista, 50 meses de cárcel.

En las próximas semanas la Corte Suprema de Justicia tendrá que pronunciarse sobre el caso para confirmar, revocar o modificar la condena.