El Consejo de Estado declaró al Ejército Nacional patrimonialmente responsable por la afectación que sufrió una familia campesina de Cartagena del Chairá, Caquetá, durante la ejecución del “Plan Patriota” en 2003 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Según el fallo, la política de perseguir a la subversión obligó a varios habitantes a abandonar sus residencias y lugares de trabajo. Los afectados señalaron que la nutrida presencia del Ejército generó fuertes enfrentamientos con las Farc que los obligó a salir de la región, y aunque trataron de regresar la Fuerza Pública se los impidió por seguridad y ocupó los bienes por orden presidencial.

El Consejo de Estado sentenció que las acciones militares para contrarrestar el conflicto armado interno deben contemplar medidas para evitar el desplazamiento y afectación de bienes de la población civil o respetar el derecho a la propiedad de las personas.

“La soberanía sobre el territorio sirve de poco, si los ciudadanos no pueden permanecer en él y ejercer los derechos y libertades de que son titulares, como ocurrió en el presente caso”, resalta el fallo.

La Corporación recordó que el Estado debe tener en cuenta las normas del Derecho Internacional Humanitario al adelantar acciones militares en el marco del conflicto armado interno.