El Consejo de Estado negó la demanda presentada por 12 congresistas en contra de los decretos con los que se aprobó y reglamentó la venta de las acciones que el Estado poseía en la generadora de energía Isagén.

Los demandantes argumentaban que la autorización para vender Isagén vulneraba el patrimonio público, no estaba sustentada en estudios técnicos y que no era conveniente ni necesaria.

“La Sala también señaló que los decretos demandados se fundamentaron en la Constitución y la Ley 226 de 1995 y que los motivos de política pública para justificar la venta de la empresa correspondían a aspectos que, en principio, no pueden ser objeto de un juicio de legalidad”, dice en un comunicado.

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El Alto Tribunal ya había negado en septiembre de 2015 una demanda similar, por lo que conceptuó que en este caso opera la cosa juzgada.