De manera anticipada y un tanto inusual el Consejo de Estado publicó hoy en ‘El Tiempo’, un aviso con una convocatoria para que se inscriban quienes quieran ser candidatos a reemplazar a Alejandro Ordóñez en la Procuraduría. Esto sucede cuando faltan 6 meses para que termine el segundo periodo de Ordóñez y en momentos en que ese mismo tribunal tiene que decidir si anula su reelección en el Ministerio Público.

Este anuncio se puede interpretar de dos maneras: la primera, que el Consejo de Estado da por hecho que Ordóñez terminará su periodo sin que se resuelva la demanda contra su reelección o bien que fallará a su favor. Y la segunda, que ya está lista la decisión para anularla y que es inminente su salida del Ministerio Público. Esto explicaría la actitud del procurador cada vez menos institucional y más política.

Mientras tanto este se ha dedicado a presentar innumerables recursos para dilatar el proceso de su nulidad. El más reciente consistió en pedir que se reconsidere la decisión de la magistrada Rocío Araújo, quien le negó la exclusión en la votación final, de los magistrados Stella Conto Díaz y Alberto Yepes.

«Los demasiados recursos que interponen los abogados generalmente es por la carencia de derecho, entonces acostumbran a hacer estas prácticas mañosas, tinterillezcas que enredan a la justicia» expresó Jaime Moreno, Exconsejero de estado.

Publicidad

Ordóñez pidió además un inusual recurso de súplica a la decisión de Araujo. Buscaba que ese recurso pasara a otras manos: las del segundo en la lista por orden alfabético que es el magistrado Hugo Bastidas, su partidario y amigo. Bastidas ha dilatado con sus peticiones el proceso que ya lleva casi 4 años en el Consejo de Estado.

Otra de las tácticas del Procurador parece ser la de cambiar de apoderado para lograr que se recompongan los votos a su favor reviviendo el de los magistrados que tuvieron que declararse impedidos, como sucede con la togada María Elizabeth García González que volvería a participar en la sala plena por la renuncia del defensor de Ordóñez Miguel González Rodríguez, familiar suyo.

Pero mientras Ordóñez insiste en recusar a todo el mundo, él mismo fue recusado en la comisión de Acusación por no declararse impedido en un proceso en el que tiene interés directo, negándose a nombrar un procurador ad hoc que dé garantías de imparcialidad a los magistrados denunciados.