El Consejo de Estado halló responsable al Estado por la desaparición de un personal sanitario el 29 de octubre de 1984, cuando se dirigían a una misión de erradicación de malaria en el municipio de Saravena, Arauca.

Según la Sala, el Ministerio de Salud no realizó un estudio sobre la pertinencia de medidas de protección para los integrantes de la misión sanitaria, aunque la zona era de orden público, se conocía la presencia de fuerzas insurgentes.

El Ministerio de Salud dijo que no era responsable de los hechos ni tenía la obligación de vigilar a los funcionarios, sin embargo el Consejo de Estado demostró los vínculos entre las personas y la institución estatal, por consiguiente indicó que sí era obligación del Ministerio garantizar la seguridad y derechos fundamentales de los desaparecidos, no solo por el hecho de ser funcionarios sino respetando su condición de ser humano.

La Sala ordenó a las entidades que conforman misiones de búsqueda de personas desaparecidas, intentar dar con el paradero de estas cinco personas que llevan poco más de 30 años desaparecidos.