Después de tres años de iniciarse el proceso de la demanda contra la reelección del procurador Alejandro Ordóñez, la Sala Plena del Consejo de Estado, con 14 votos a favor y seis en contra, decidió anularla por irregularidades.

El Consejo de Estado aceptó los planteamientos de la ponencia presentada por la magistrada Rocío Araújo quien argumentó que se presentaron dos graves fallas en la postulación y elección de Ordóñez como jefe del Ministerio Público.

La primera, que la designación del abogado santandereano como candidato de la Corte Suprema se llevó a cabo con la participación de magistrados que habían presentado impedimentos por tener familiares trabajando en la Procuraduría pero sin embargo participaron en la elección; y la segunda porque durante la votación en el Senado, donde finalmente resultó reelegido Ordóñez, se presentó una terna incompleta.

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Sin embargo, unos meses después de la reelección se presentaron ante el Consejo de Estado varias demandas que pedían la nulidad de ese proceso por considerar que la reelección para ese cargo es una figura que no existe en la Constitución.

Esta decisión se tomó por la demanda que presentó el abogado Rodrigo Uprimmy, en la que argumentó que el artículo 126 de la Constitución prohíbe que un servidor público nombre en cargos que no sean de carrera a familiares cercanos de aquellos “servidores públicos competentes para intervenir en su designación”.