Después de dos meses de estudio, este martes 09 de agosto, La Sala Plena del Consejo de Estado en una votación final de 17 magistrados contra seis anuló el fallo de la Procuraduría General proferido en 2010, en el cual inhabilitaba para ocupar cargos públicos a la exsenadora Piedad Córdoba.

El informe, presentado por el magistrado William Hernández, argumentaba que las pruebas que dieron lugar a la inhabilidad de Piedad Córdoba habían sido declaradas nulas por la Corte Suprema de Justicia; documentos que fueron encontrados en los computadores del abatido jefe guerrillero Luis Édgar Devia, alias “Raúl Reyes” en la conocida Operación Fénix.

El material probatorio no fue sometido a debida cadena de custodia, por lo cual los documentos hallados, luego de un bombardeo en el cual se dio de baja al jefe guerrillero, fueron susceptibles de ser alterados y manipulados.

Esta es una de las dos sanciones a las que fue sometida la exsenadora por la Procuraduría General. La segunda inhabilidad, por 14 años en 2012, fue por supuestamente aportar 25 millones de pesos en 2010, cuando era parlamentaria, a la campaña de Ricardo Montenegro a la Cámara de Representantes en el Atlántico.

Publicidad

Frente a su segunda sanción política pesa otra demanda para la cual ya fue citada una audiencia pública por el Consejo Estado el 14 de septiembre de este año.