La Contraloría General evaluó la gestión de los Planes Departamentales de Agua (PDA) y encontró irregularidades en siete departamentos por 7.441 millones de pesos.

Se trata de 88 hallazgos administrativos, de los cuales 32 son de carácter fiscal y dos de carácter penal.

Además, 80 corresponden a incidencia disciplinaria en los siguientes departamentos auditados del país:

Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Tolima y Vichada, en lo correspondiente a las vigencias 2019 y 2020, y en el caso de Vaupés estas mismas y además la de 2018.

 

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Dichas evaluaciones incluyeron todas las fuentes de recursos que financian los PDA y las actuaciones de las entidades competentes en su gestión, tanto del orden nacional como territorial.

Las auditorías fueron adelantadas durante el primer semestre de 2021 por la Contraloría Delegada para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico, con apoyo de las respectivas Gerencias Departamentales Colegiadas de la CGR.

El departamento que mayor número de hallazgos administrativos registró fue Antioquia (21), seguido de Vaupés (18) y Vichada (15).

 

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En cuanto a hallazgos con presunta incidencia fiscal, se observa que el departamento de Vaupés fue el que presentó el mayor número con esta connotación, con 15, seguido de Tolima con 7.

En el caso de San Andrés es importante destacar que en solo un hallazgo alcanzó la máxima cuantía ($2.712 millones) de todos los encontrados en estas actuaciones de fiscalización.

Se trata de recursos cancelados por concepto de obras recibidas mediante actas parciales para la construcción del alcantarillado sanitario en los sectores de Cabañas, Barrio Sarie Bay y Barrio Modelo, que no se encuentran ejecutadas en su totalidad y, por lo tanto, no están funcionando.

 

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Le siguen en hallazgos fiscales Vaupés ($2.581 millones), Tolima ($866 millones), Norte de Santander ($613 millones), Vichada ($476 millones), Antioquia ($123 millones) y Boyacá ($68 millones).

Una buena cantidad de las obras de los PDA evaluados no se han concluido y muchas aún no se encuentran en funcionamiento, afectando a las comunidades que las requieren.