La Sala Plena de la Corte Constitucional dio vía libre al Decreto 277 de 2017 mediante el cual se reglamentó la ley de amnistía e indulto.

No obstante, el alto tribunal condicionó el articulo 22 el cual indicaba que todos los procesos en los se haya otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a ZVTN, quedarán suspendidos hasta que entre en funcionamiento Jurisdicción Especial para el momento en el cual las personas sometidas a libertad condicionada por aplicación, quedarán a disposición de dicha jurisdicción.

En su pronunciamiento la corporación judicial advirtió que todas las etapas investigativas no se podían suspender, ya que Colombia tiene compromisos internacionales en la persecución de graves delitos.

Aclaró que sólo se podían suspender las citaciones a declarar o decisiones que tuvieran relación con libertades de jefes de las Farc o altos mandos militares involucrados en procesos por esos delitos atroces.