Cuando la abogada Stella García, quien tenía contrato de trabajo con el Fondo de Vigilancia de la alcaldía de Bogotá durante la pasada administración, denunció a su superior en esa entidad, Camilo Páramo Zarta como acosador sexual, ningún funcionario público la escuchó. Por el contrario, empezó un calvario de persecuciones contra ella y hace cuatro años no solo está desempleada sino también desprestigiada.

El delegado de la Procuraduría en el Distrito llegó al punto de negarle ser parte del proceso por las demandas que ella interpuso cuando se negó a dejarse intimidar.

Muy rápidamente, si se tiene en cuenta el tiempo que toma el trámite de un proceso como este, el Procurador Distrital falló en contra de ella a pesar de que no le permitió presentar sus argumentos.

En la Alcaldía anterior tampoco atendieron sus reclamos y, en cambio, el denunciado Camilo Páramo continuó recibiendo contratos y puestos de quien según parece, es su jefe político, el entonces secretario de Gobierno Guillermo Alfonso Jaramillo. La denunciante, en cambio, sufrió persecución judicial.

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Un grupo de agentes de Policía de Bogotá la involucró en un presunto tráfico de municiones y aún la tienen encartada pues está a punto de iniciarse un juicio en su contra. Pero su suerte parece que empezó a cambiar con un fallo de la Corte Constitucional que tumbó la decisión de la Procuraduría Distrital en el que se absuelve a Páramo Zarta y ordenó iniciar de nuevo el proceso de denuncia de Stella contra este.

La Corte Constitucional concluyó que lo dicho por el Procurador en contra de Stella era equivocado.