Si nada extraordinario ocurre, este miércoles la Sala Plena de la Corte Constitucional discutirá 26 demandas unificadas que piden tumbar la modificación de la Ley de Garantías que ha permitido que la Nación celebre convenios con alcaldías y gobernaciones durante esta temporada electoral, contratación que tradicionalmente se prohibía cuatro meses antes de las elecciones.

La ponencia de la magistrada Diana Fajardo plantea que se caiga por inconstitucional el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, o Ley de Presupuesto, que permitió esa modificación. El proyecto de fallo, conocido por este medio, también plantea que todos los convenios vigentes sean liquidados y terminados inmediatamente.

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“Los convenios interadministrativos suscritos a la fecha de la adopción de la presente decisión (..) deberán terminarse y liquidarse inmediatamente, suscribiendo el documento respectivo y sin perjuicio de las restituciones a que haya lugar”, dice la ponencia.

Según el documento, los convenios celebrados perderán “validez, vigencia y efectos”.

Según fuentes, la votación en la Corte sería unánime. En caso de que los convenios que se liquiden afecten el patrimonio público, “será responsabilidad de la Nación y de los entes territoriales encontrar las vías adecuadas, conforme a las reglas contractuales vigentes y aplicables, para la conservación y terminación de los proyectos”, dice el proyecto de fallo.

De acuerdo a una herramienta de Colombia Compra Eficiente, en los cuatro meses previos a la elección presidencial se han suscrito más de 702 convenios por más de 817 mil millones de pesos.