La Corte Constitucional determinó que la Jurisdicción Especial para la Paz está facultada para practicar pruebas en los casos de excombatientes que sean solicitados en extradición por las autoridades de otros países.

La decisión fue adoptada al estudiar una demanda contra algunos artículos de la ley de procedimiento de la JEP.

Según la Corte, un juez debe practicar pruebas para poder establecer si el hecho que está investigando ocurrió o no.

«La tarea de la JEP no puede ser solo verificar unos hechos, sino que debe analizar si efectivamente ocurrieron, y para ello necesita pruebas que le permitan llegar a una conclusión certera», explicó el magistrado José Fernando Reyes.

La Corte Constitucional también indicó que la JEP no pierde competencia cuando el delito por el que se le acusa a la persona comenzó a ejecutarse antes de la firma del acuerdo de paz y se prolongó después de esta fecha.

«Hay unos delitos de comisión permanente que se pueden iniciar antes del primero de diciembre de 2016 pero traspasan esa fecha. En estos casos la JEP no perderá su competencia», explicó Reyes.

El magistrado aseguró que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, antes de emitir su concepto de extradición, debe privilegiar los derechos de las víctimas.

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«La extradición de una persona que no ha ofrecido verdad, justicia y reparación es una talanquera para la consecución de los derechos de las víctimas, así que la Corte Suprema debe dar prioridad a que respondan primero en el país», puntualizó el magistrado.

En la misma decisión, la Corte Constitucional tumbó el procedimiento especial de juzgamiento que se había creado para los agentes del estado en la JEP, debido a que no surtió en el Congreso el trámite que establece la ley.

Nancy Torres Leal