La Corte Constitucional amparó los derechos de unos niños que debían atravesar un río con caimanes para poder llegar a su escuela, ubicada en la vereda San José de Campo Lajas, en el municipio de Sardinata, Norte de Santander.

En marzo del año pasado, el personero del municipio interpuso una tutela para proteger los derechos de los menores a la educación, puesto que ni las autoridades municipales ni las departamentales habían realizado acciones para reconstruir el puente Hamaca que les permitiera a los niños llegar de manera segura a su centro educativo.

Según el personero, los habitantes de la vereda y los estudiantes se veían obligados a cruzar el río en balsas improvisadas, poniendo en riesgo su vida.

Ante la gravedad de los hechos, la Corte decidió aplicar una nueva metodología para asegurarse que efectivamente las autoridades cumplan con el deber de proteger la vida de las personas.

El ponente de la decisión, magistrado Carlos Bernal explicó que lograron sentar a las autoridades municipales, departamentales y otras entidades, con el fin de que entre ellos mismos encontrarán una solución al problema.

«Ellos asumieron una actitud proactiva y destinaron de su presupuesto una suma determinada para la reconstrucción del puente y la orden de la tutela fue que continuaran con lo que estaban haciendo», indicó el ponente.

El magistrado Bernal agregó que tutelas como esta no se deberían presentar si las autoridades se tomaran en serio la protección de los derechos de todas las personas.

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«No esperen las órdenes de la Corte, las autoridades deben cumplir con sus deberes porque en estos casos se trata de la defensa de los derechos de los niños», puntualizó el magistrado.