La justicia británica asestó un duro golpe al primer ministro Boris Johnson al dictaminar como «ilegal y sin efecto» su decisión de suspender las labores parlamentarias hasta pocos días antes del Brexit, esto hizo que se multiplicaran los llamados a su renuncia.

La decisión de «suspender el parlamento fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable», afirmó la presidenta de la Corte Suprema, la jueza Brenda Hale, pidiendo que el parlamento vuelva a ser convocado «cuanto antes».

Los legisladores «deben reunirse sin más tardar», afirmó inmediatamente el presidente de la Cámara de los Comunes, el conservador John Bercow, quien había denunciado la medida como un «ultraje constitucional».

«Debemos hacer que el gobierno rinda cuentas de sus acciones. Ahora Boris Johnson debería dimitir después de haber actuado contra la ley», tuiteó el diputado nacionalista escocés Ian Blackford.

Y desde el congreso anual del Partido Laborista en Brighton, el líder de la oposición Jeremy Corbyn, llamó también al primer ministro a renunciar.

El controvertido Johnson, que se encuentra en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, recibe así un nuevo golpe, tras los duros reveses recibidos en las últimas semanas.