La Corte Suprema de Justicia ordenó suspender el desalojo de 247 familias del barrio El Pino, ubicado en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, al establecer que no invadieron los terrenos sino que son compradores de buena fe.

Los afectados interpusieron una tutela contra el Tribunal Superior de Bogotá que ordenó el desalojo al fallar a favor de las personas que reclamaban como suyos los predios donde está construido el barrio.

Los habitantes de El Pino Sur compraron de buena fe los lotes en el 2010 a personas inescrupulosas que los engañaron con la promesa de entregarles las escrituras un tiempo después del pago de los lotes.

La Corte Suprema de Justicia analizó el caso y no encontró pruebas de una invasión sino que los afectados edificaron con base en contratos de compraventa de posesión que les generaron expectativas de legalidad.

Con estos argumentos, la Corte le ordenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Alcaldía de Usme adquirir o expropiar los predios objeto del conflicto advirtiendo que si esto no se logra las víctimas deberán ser reubicadas.

También tendrán que hacer un censo para establecer cuántas personas exactamente viven en el barrio y quiénes, por su condición, deben tener una protección especial como niños, discapacitados, desplazados y adultos mayores.