El 2 de agosto de 2011 un grupo de 68 trabajadores de la multinacional General Motors se detuvo en la embajada de Estados Unidos para protestar por despidos masivos. 2505 días después, cuatro de ellos permanecen en el mismo lugar y en las mismas condiciones.

“Los trabajadores son despedidos sin el reconocimiento de sus enfermedades y esto los arroja a una vida muy mala”, dijo Carlos Trujillo, extrabajador de General Motors.

A la protesta se fueron sumando empleados de otras empresas y ayudados por organizaciones internacionales viven con lo básico mientras esperan una respuesta a sus quejas.

“Es una parte donde de pronto nos paren bolas. Yo demandé en todas partes, porque quedé mal de la columna”, afirmó Octavio Pérez Otálora, extrabajador de Impregilo.

El origen de la protesta tiene que ver con las enfermedades que adquieren los trabajadores mientras desempeñan ciertas tareas, tema que en Colombia tiene vacíos jurídicos.

“La legislación no tiene claro como es exactamente la protección de los trabajadores cuando las empresas deciden terminar los contratos y los empleados tienen deficiencias en su salud”, explicó Enrique Borda, exviceministro de Trabajo.

Gran parte de las tutelas que estudia a diario la Corte Constitucional están relacionadas con la pérdida de capacidad laboral, que básicamente se configura cuando alguien pierde su empleo sin esperanzas de conseguir uno nuevo debido a su condición de salud.

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“Los servicios que presta un trabajador sobre las bases constitucionales son protegidos desde el punto de vista de la remuneración y no solamente eso sino que hay una protección especialmente a la salud y precisamente la Constitución declara que la seguridad social, que comprende no solo los aspectos de salud, también los riesgo a los que se enfrenta el trabajador cuando presta su servicio, por eso la seguridad social es obligatoria, así lo dice la Corte Constitucional”, aseguró José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional.

Y añadió que “la constituyente de 1991 estableció que había la necesidad de un estatuto del trabajo, ese estatuto del trabajo en estos 26 años desde la constituyente, no ha sido expedido ni han presentado proyecto alguno, pero a pesar de que el estatuto del trabajo aún no existe y debería existir. Sin embargo hay unas normas que están contenidas en los códigos, pero la jurisprudencia ha complementado en aquello que no está previsto en la normatividad”.

Y puntualizó que “la jurisprudencia lo que ha dicho en esos casos es que hay una protección a cargo del empleador sobre la salud y vida del trabajador, que hay unas consecuencias que necesariamente se tramitan en los estrados judiciales cuando hay conflicto”.

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