Para beneficiarse con el principio de oportunidad, la ex subdirectora de Operaciones del DAS, Marta Inés Leal Llanos, le reveló en 2010 a la Fiscalía cuál era el objetivo principal de la Casa de Nariño para ordenar los seguimientos e interceptaciones ilegales contra Piedad Córdoba.

La Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación que resolvió destituirla en septiembre de 2010 por 18 años. El Consejo de Estado tumbó el fallo esta semana al considerar que las pruebas para vincular a Piedad Córdoba con la guerrilla habrían sido manipuladas además de haberse roto la cadena de custodia.

Piedad Córdoba afirmó que “en razón de que se diseñó con un presidente totalmente afecto al procurador general de la Nación, hoy senador de la República, y que obviamente tiene una clara muestra de que fue una tarea preparada, una campaña de difamación impresionante”.

Para la dirigente la decisión del Consejo de Estado le devuelve el honor y el prestigio que fue violentado por la campaña difamatoria que padeció durante el gobierno de Uribe, evidencias que no analizó la Procuraduría.

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Es una decisión ajustada a la Ley que trata de reparar una injusticia y eso es importante porque le genera confianza a la insurgencia que va a hacer política sin armas de ahora en adelante”, afirmó Córdoba.

Por las actividades ilícitas del DAS en contra de Piedad Córdoba, han sido condenados Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, Marta Inés Leal, Fernando Tabares y Jorge Alberto Lagos y el ex presidente Uribe enfrenta una investigación en el Congreso.