Luego de que el alto tribunal declarara muerte política para el excongresista Plinio Olano debido a faltas de tráfico de influencias e indebida destinación de dineros públicos, la defensa de Olano aseguró que presentará recurso de apelación en contra de esta decisión.  

“Durante el proceso se recaudaron y practicaron pruebas testimoniales desde Sao Paolo Brasil de los principales directivos de Odebrecht, entre ellos, los señores Luiz Antonio Bueno Junior y Eleuberto Antonio Martorelli, quienes en sus declaraciones de forma enfática y contundente niegan cualquier tipo de relación con el excongresista Plinio Olano Becerra. Asimismo niegan haberle dado dinero y/o dadiva directa o indirectamente, y niegan que el excongresista Plinio Olano Becerra allá favorecido a la empresa Odebrecht”, asegura la firma defensora por medio de un comunicado.

De igual manera, asegura que “Luis Fernando Andrade, Juan Sebastián Correa Echeverry y Gabriel García Morales, declararon que no recibieron presiones o se manifestó por parte del excongresista Plinio Olano Becerra en favor de la empresa Odebrecht, en especial el señor Luis Fernando Andrade entregó una lista de los congresistas que estaban interesados en la adición Ocaña-Gamarra y el ex congresista Plinio Olano Becerra no hace parte de dicha lista”.

Cabe recordar que indicó la corporación judicial que Odebrecht desarrolló en Colombia, «una política general que consistía en ofrecer y entregar millonarios sobornos a funcionarios públicos y a particulares que tuvieran influencia en el ámbito público, con el fin de lograr de aquellos, directamente o a través de la mediación de estos, la adjudicación de contratos y su negociación en especiales condiciones de favorabilidad».

Señaló que incluso que la multinacional para poder cumplir su cometido, y asegurar la apariencia de corrección y de legalidad del flujo de recursos necesario para gratificar a los mediadores y gestores de sus intereses, «creó una División de Operaciones Estructuradas (DOE) con varias firmas internacionales para manejar las transacciones, con sistemas informáticos encriptados, y empleo de bancos pequeños en países cuyo laxo régimen tributario y blindada reserva bancaria, facilitaban la discreción de las transacciones. Este esquema de corrupción operó entre 2001 y 2016 y al parecer, facilitó la irrigación proterva de aproximadamente 788 millones de dólares».