Defensoría del Pueblo acumula 25 quejas por posibles violaciones a los derechos humanos durante intervención del Bronx

Luego de la intervención de las autoridades distritales en el sector del Bronx, en el centro de Bogotá, la Defensoría del Pueblo ha recibido 25 denuncias de presuntos atropellos a los derechos humanos durante la intervención del Bronx.

Diez ciudadanos manifestaron que en desarrollo del operativo, sus lugares de residencia fueron allanados y de manera agresiva les apuntaron con armas de fuego, los golpearon, los amenazaron y supuestamente recibieron descargas eléctricas. Aseguran haber sido despojados de sus teléfonos celulares y del dinero en efectivo. Los reclamantes dicen que las autoridades desconocieron la presunción de inocencia y que en ningún momento fueron notificados del procedimiento.

Otras siete personas expresaron que hubo uso excesivo de la fuerza y que en sus lugares de habitación quedaron sus documentos y pertenencias, sin que hayan podido recuperarlas.

También se acercaron al organismo de control tres ciudadanos que manifestaron ser víctimas del conflicto armado, con 12 años de residencia y actividades laborales en El Bronx, en calidad de arrendatarios. Afirman no tener antecedentes penales ni cuentas con la justicia y dicen que se ubicaron allí porque no tenían otra alternativa.

A ellos se suman otros tres ciudadanos -dos mujeres y un hombre- que se identificaron como comerciantes en el oficio del reciclaje con empresa legalmente constituida y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá quienes denunciaron que las autoridades les quitaron más de 15 millones de pesos entre dinero y materia prima.

La Defensoría del Pueblo trasladó las inconformidades a la Policía y las Secretarías de Gobierno e Integración Social y solicitó informar sobre la veracidad y la situación legal de los reclamantes.

El organismo veedor le reclamó al Distrito por no tener en cuenta a la Institución para hacer el acompañamiento en el operativo del 28 de mayo. “Al momento de realizar esta clase de ocupaciones resulta indispensable establecer la caracterización de la población, y evitar generalizaciones y estigmatizaciones que puedan conducir a escenarios de transgresión a los derechos fundamentales”, dice un comunicado de la Entidad.