Luego de la intervención de las autoridades distritales en el sector del Bronx, en el centro de Bogotá, la Defensoría del Pueblo ha recibido 25 denuncias de presuntos atropellos a los derechos humanos durante la intervención del Bronx.

Diez ciudadanos manifestaron que en desarrollo del operativo, sus lugares de residencia fueron allanados y de manera agresiva les apuntaron con armas de fuego, los golpearon, los amenazaron y supuestamente recibieron descargas eléctricas. Aseguran haber sido despojados de sus teléfonos celulares y del dinero en efectivo. Los reclamantes dicen que las autoridades desconocieron la presunción de inocencia y que en ningún momento fueron notificados del procedimiento.

Otras siete personas expresaron que hubo uso excesivo de la fuerza y que en sus lugares de habitación quedaron sus documentos y pertenencias, sin que hayan podido recuperarlas.

Publicidad

También se acercaron al organismo de control tres ciudadanos que manifestaron ser víctimas del conflicto armado, con 12 años de residencia y actividades laborales en El Bronx, en calidad de arrendatarios. Afirman no tener antecedentes penales ni cuentas con la justicia y dicen que se ubicaron allí porque no tenían otra alternativa.

A ellos se suman otros tres ciudadanos -dos mujeres y un hombre- que se identificaron como comerciantes en el oficio del reciclaje con empresa legalmente constituida y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá quienes denunciaron que las autoridades les quitaron más de 15 millones de pesos entre dinero y materia prima.

La Defensoría del Pueblo trasladó las inconformidades a la Policía y las Secretarías de Gobierno e Integración Social y solicitó informar sobre la veracidad y la situación legal de los reclamantes.

El organismo veedor le reclamó al Distrito por no tener en cuenta a la Institución para hacer el acompañamiento en el operativo del 28 de mayo. “Al momento de realizar esta clase de ocupaciones resulta indispensable establecer la caracterización de la población, y evitar generalizaciones y estigmatizaciones que puedan conducir a escenarios de transgresión a los derechos fundamentales”, dice un comunicado de la Entidad.