Este lunes se conmemora 20 años de la tragedia desatada por combates entre las Farc y los paramilitares en el corregimiento de Bellavista.

Debido a los hechos ocurridos, la defensoría del pueblo mostró preocupación por la difícil situación humanitaria que enfrenta los habitantes del municipio de Bojayá, Choco.

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“La Defensoría del Pueblo reitera su preocupación por la difícil situación humanitaria que enfrenta la población del municipio de Bojayá (Chocó), que hoy cumple 20 años de la tragedia en la que murieron 79 personas por el enfrentamiento entre las desaparecidas Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Así también, en los últimos años la Defensoría del Pueblo ha emitido tres alertas tempranas en las cuales se advierte el riesgo de vulneraciones de los derechos humanos de las comunidades negras y pueblos indígenas de ese municipio.

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Además, también se encuentra atenta a la situación de la subregión del Medio Atrato con ocasión de los propósitos expansivos por parte de la guerrilla del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en zonas dejadas por las Farc en el marco del acuerdo de paz.

En dicha advertencia, hizo también mención a la contaminación con minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MUSE) en los territorios colectivos tanto afros como indígenas y consecuencialmente, restricciones a la movilidad que implican la limitación de actividades necesarias para la subsistencia de las comunidades étnicas que habitan en los municipios de Bojayá, Medio Atrato y Vigía del Fuerte.

De manera particular, el Defensor del Pueblo recordó que, en agosto del año pasado se emitió la Alerta Estructural 016-2021 para los municipio de Bojayá, Vigía del Fuerte y Medio Atrato en el cual se daba cuenta del fortalecimiento militar acelerado, la expansión territorial y el afianzamiento en el territorio de las AGC.

También, en el mismo anuncia el riesgo de enfrentamientos con interposición de la población civil, riesgo de reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes (NNA), por parte de las AGC y el ELN.

Por último, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo desde 2017 hasta el 2022, por acción de los actos violentos de los grupos armados ilegales en Bojayá, se han reportado 16.927 personas víctimas de confinamiento, pertenecientes a 4.136 familias, y también 1.438 personas de 393 familias han sufrido desplazamiento forzado.