La Corte Constitucional estudia una demanda para definir el procedimiento especial que se debe adelantar para que hombres transgénero puedan obtener la libreta militar sin que se vean vulnerados sus derechos.

Según el representante de la Coalición de Organizaciones Transmasculinas, Nikita Dupuis, el 50 % de los hombres transgénero han tenido problemas para acceder a trabajos formales por no contar con la libreta militar, después de que hacen la corrección de sexo.

“También tenemos problemas de educación, sobre todo en el tema de la titulación, acceso a becas, créditos financieros o créditos con el Icetex, y redadas del Ejército en las que los hombres trans son detenidos”, indicó el representante de la Coalición de Organizaciones Transmasculinas.

Nikita Dupuis señaló que en las unidades de reclutamiento hacen lo que quieren porque no existe un protocolo que defina qué hacer en los casos de los hombres transgénero, entonces muchas veces practican exámenes físicos, psicológicos, o hasta cobran multas excesivas cuando los declaran remisos.

“Yo acabo de hacer mi corrección de sexo en el documento y cuando me acerco a la Unidad de Reclutamiento me tratan como si yo fuera remiso desde hace 16 años y eso no es real porque para eso se necesitaría de un citatorio, pero cuando tenía 18 años no lo recibí porque en ese entonces mi nombre era femenino, entonces el Estado no me puede cobrar una suma desorbitante de dinero”, aseguró Dupuis.

Agregó que con la demanda ante la Corte Constitucional esperan que se solucione no solo el tema de la libreta militar sino también la obligación que ahora tienen de prestar el servicio militar.

“Nosotros no estamos en desacuerdo con lo de la libreta militar, pero realmente lo que más nos interesa es que seamos exonerados de tener que prestar el servicio militar así como en el caso de los hombres indígenas, víctimas del conflicto, hijos únicos, entre otros”, señaló el representante de la organización.

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Por su parte, la asesora externa del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, Ana María Sánchez, sostuvo que es necesario que la Corte Constitucional establezca un procedimiento específico para este grupo poblacional.