La Corte Constitucional comenzará a estudiar una demanda que se presentó contra varios artículos de la Ley 1922 de 2018 que regula la manera como debe operar la Justicia Especial para la Paz (JEP).

La demanda que fue presentada, entre otras personas, por el abogado Rodrigo Uprimny, director de la organización Dejusticia, se centra en dos temas específicamente.

 En el primer tema se demanda la posibilidad de que la Sala de Revisión de la JEP solo pueda verificar los hechos por los que son solicitados en extradición los desmovilizados de las Farc, además de no tener competencia para practicar pruebas.

En este cargo, tanto la Procuraduría como la misma Presidencia de la JEP manifestaron a la Corte que esta norma viola los derechos de quienes son solicitados en extradición por no tener acceso a una legítima defensa.

Para el ministerio público, la imposibilidad de recaudar pruebas restringe injustificadamente las competencias de la JEP para verificar los hechos imputados a los sindicados.

En el segundo tema se demandan parcialmente los artículos 11 y 75 de la Ley 1922, los cuales contemplan un procedimiento especial para el juzgamiento de los miembros de la fuerza pública por parte de la JEP.

Dicho procedimiento incluye la suspensión de los procesos cuando llegan a esa jurisdicción y la prohibición para que los militares investigados describan el funcionamiento de la organización criminal para la que presuntamente trabajaron.

Publicidad

En este caso, también la Procuraduría y la JEP solicitan que se declare inconstitucional la norma porque no surtió el trámite debido en el Congreso, sino que fue incluido a última hora en la plenaria del Senado.

Además, la organización Human Right Watch, que también rindió su concepto, asegura que dichas normas agravan las demoras que existen en procesos que involucran a altos mandos militares.