Aunque más de 13.000 reinsertados del conflicto armado se han beneficiado con salud y recursos, el tema jurídico es su peor pesadilla según Pastor Alape, excombatiente de las Farc. 

«Si se hacen estas objeciones, estas modificaciones, pues la JEP va en dirección a su desmonte y desmontarla es garantizar la impunidad», dijo. 

Pese a ello el Gobierno asegura que luego casi dos años todo va por buen camino. 

Por la complejidad del territorio y el conflicto que aún se vive, regiones como Antioquia, Tolima, Cauca, Norte de Santander y Arauca han sido las más demoradas en los procesos de adaptación.

Los voceros de las Farc también se refirieron a la problemática que se vive en el Cauca. 

«Creemos que hay que profundizar la investigación y ver qué está pasando, pero no se puede deslegitimar la protesta social acusando a las comunidades, en este caso a las comunidades indígenas, a sus dirigentes, a los cabildos, a las gobernaciones, de que están infiltrados o que es una protesta que va a satisfacer o favorecer actores armados», sostuvo Pastor Alape.

Con más de 2000 reinsertados, Santander es el departamento qué más ha beneficiado a esta población con programas de productividad dirigidas por 37 organizaciones civiles de todo orden.