Una tutela que falló la Sala Civil de la Corte Suprema, en la que se ordena garantizar a un ciudadano, condenado por el Tribunal Superior de Bogotá, el acceso a la apelación de dicha sentencia, origina un choque con la Sala Penal.

Según la Sala Civil, cualquier persona condenada debe tener derecho a una apelación de la sentencia ante una sala o tribunal de mayor jerarquía. Sin embargo, la Sala Penal señala que existe la casación, recurso al que los ciudadanos pueden acudir cuando no estén de acuerdo con la condena impuesta. Los magistrados de la Sala Penal consideran que ese tipo de decisiones deben ser tomadas por ellos y no por la Sala Civil; además, aseguran que no está en sus manos resolver un problema que es de competencia del Congreso de la República.

La tutela llegará a la Corte Constitucional y, de ser seleccionada, definirá el enredo que se armó entre las dos salas.