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Dos Generales a indagatoria por desapariciones en Palacio de Justicia.

La Fiscalía vinculó al proceso a los generales retirados Rafael Samudio Molina y Jesús Armando Arias Cabrales. Ex Presidente Belisario Betancur citado a declarar.

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Dos Generales a indagatoria por desapariciones en Palacio de Justicia.

Por la desaparición de once personas durante la retoma al Palacio de Justicia en noviembre de 1985, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a los generales en retiro Jesús Armando Arias Cabrales y Rafael Samudio Molina.

Arias y Samudio se deberán presentar el próximo 30 y 31 de julio a la Fiscalía para responder por los presuntos delitos de secuestro y desaparición forzada, mientras que el ex Presidente de la República Belisario Betancur declarará como testigo dentro del proceso.

Para la época de los hechos, Samudio Molina era Comandante del Ejército Nacional y Arias Cabrales dirigía la Brigada XIII del Ejército, guarnición militar de Bogotá. Arias fue retirado del servicio activo luego de que la Procuraduría lo sancionara y destituyera, pero el Consejo de Estado anuló la decisión en el 2005.

La investigación es adelantada por una fiscal delegada ante la Corte luego de la asignación ordenada por el fiscal general, Mario Iguarán Arana, quien no admitió la competencia al considerar que los delitos por los que son investigados -secuestro y desaparición forzada- no tienen relación con la función militar y pueden ser procesados por un fiscal subalterno.

De hecho Iguarán determinó que los oficiales en retiro están excluidos del fuero, según lo establece el propio Código Penal Militar. En febrero del año pasado, el general (r) Jesús Armado Arias Cabrales declaró, en calidad de testigo, dentro de esta misma investigación.

Hace casi diez meses la Fiscalía aseguró que para establecer las responsabilidades en la desaparición de al menos once personas en el Palacio, debían ser investigados el hoy ex presidente Belisario Betancur y los ex oficiales Arias Cabrales y Samudio Molina. Según la Fiscalía, el propósito de esa decisión es determinar si los altos oficiales del Ejército, y el entonces Presidente de la República “pudieron tener o no participación en los hechos de desaparición que se registraron en el Palacio de Justicia en 1985”.

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