El Consejo de Estado acaba de fallar una tutela a favor de un campesino víctima de una mina antipersona en Ituango (Antioquia): cuando caminaba, realizando labores del campo, estalló el artefacto.

El alto tribunal dijo que el campesino debe ser indemnizado por las lesiones y los daños tanto morales como físicos que le ocasionó la explosión. La corporación recordó que el país aprobó e incorporó a nuestras leyes la convención de Ottawa, por lo cual está obligado a identificar y demarcar las zonas donde tenga conocimiento o sospeche que existan minas antipersonas y que debe destruirlas o asegurar su destrucción, en un plazo que vence el 1 de marzo de 2021.

El fallo no solo es importante, sino que es doctrina para todas las personas que han sido víctimas de esos artefactos. Son 11.615 víctimas desde 1985 hasta hoy, según cifras de la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersona de la Presidencia.