Una demanda de nulidad contra el decreto que permite decomisar la dosis mínima de estupefacientes fue demandado ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

La acción judicial la presentó la representante a la Cámara por Bogotá Katherine Miranda, quien argumenta que la norma es un retroceso en la lucha contra la adicción y el derecho a la salud.

La congresista señaló en su demanda que incluso el decreto pone en riesgo la vida de los consumidores de drogas, porque la medida adoptada no tiene políticas pedagógicas o terapéuticas.

La demandante defiende la tesis de que al consumo de droga hay que tratarlo como un problema de salud y no de policía.