Colombia definitivamente está llena de leguleyos y avivatos que se aprovechan de la ingenuidad de muchos para hacer su agosto.

Prueba de esta situación es lo que está pasando con quienes resultaron afectados con el descalabro de varias firmas administradoras de libranzas: a muchos de ellos les está llegando una carta en la que un grupo de abogados ofrece sus servicios para demandar al Estado y comprarles lo que se denomina como «derechos litigiosos»; en la carta se les advierte a los afectados que el plazo para instaurar la demanda vence en julio próximo.

Lo que tiene alarmadas y preocupadas a las autoridades es que muchos de los afectados por el descalabro de las libranzas están contratando este tipo de servicios y cancelando sumas millonarias, como si la oferta fuera válida o legal. No saben que en los casos de captación ilegal de dinero ya hay sentencias de las cortes en las cuales se deja claro que el Estado no es responsable económicamente por los descalabros de sectores financieros y muchísimo menos por la captación ilegal de ahorro. La reparación y devolución de dineros corre exclusivamente por cuenta de los socios y promotores de firmas que captaron dinero del público de manera ilegal.

Es decir, el Estado no es responsable. Es como si usted guarda bajo el colchón los ahorros y la cama se incendia y los destruye: nada que hacer, solo quejarse al mono de la pila.