Solo han pasado tres días desde la elección de Antonio Quinto Guerra como nuevo alcalde de Cartagena y la Procuraduría ya vigila cómo será su administración.

La Procuraduría ya ha anunciado que demandará la elección del alcalde, porque lo considera inhabilitado por ser contratista del Estado. Mientras se resuelve la suerte de Guerra en los estrados judiciales, el Ministerio Público anunció una vigilancia especial al proceso de empalme: la Procuraduría solicitó un informe sobre la situación de los recursos financieros de la ciudad y los proyectos y obras públicas que están en desarrollo.

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El Tribunal de Bolívar y el Consejo de Estado deben tomar también, prontamente, una decisión sobre su inhabilidad.