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Eduardo Benavides es señalado de presionar a campesinos por tierras de la DNE

Benavides es investigado junto con su padre, por las maniobras que hicieron posible que una propiedad de la mafia terminara en manos de una de sus empresas, a pesar de que su anterior dueño, alias Miky Ramírez, fue famoso por su crueldad con los campesinos.

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Eduardo Benavides es señalado de presionar a campesinos por tierras de la DNE

Eduardo José Benavides Rueda es hijo de Eduardo de Praga Benavides Guerrero. Los dos son dueños de la megafinca incautada a la mafia en la que estuvo Noticias Uno y que según la Fiscalía terminó en sus manos de manera irregular, vendida por la Dirección Nacional de Estupefacientes por debajo de su valor, con documentos falsos y con la ayuda de su coterráneo Carlos Albornoz.

Iván Anillo es uno de las víctimas de la violencia que sobrevivió en el municipio de Zambrano, Bolívar, después de alias ‘Micky Ramírez’ y de que sus tierras fueran incautadas por la DNE. Él denuncia que los hoy procesados Eduardo de Praga Benavides y su hijo, con la colaboración de Carlos Albornoz, lo intimidaron para que se fuera de un terreno aledaño que no les pertenecía.

La megafinca no podía venderse porque desde 2007 tenía riesgo inminente de desplazamiento. Sin embargo Albornoz la vendió al exconsul José Antonio Mutis Perdomo y cuatro meses después terminó en manos de la empresa de los Benavides, donde también la esposa de Albornoz, Ana Bernal, tuvo acciones. Luego Albornoz solicitó a la Alcaldía que levantaran la restricción.

La autorización la firmó el asesor jurídico de la alcaldía pero un mes después el mismo funcionario, Guillermo Enrique García, fue apoderado de los Benavides fungiendo de juez y parte.

Después del negocio con la DNE, Carlos Albornoz frecuentaba el terreno que quedó en manos de Eduardo Benavides y su hijo, y fue sorprendido por los habitantes.

El padre del hoy procesado Eduardo José Benavides Rueda, Eduardo de Praga Benavides Guerrero, fue dueño del 8.8 % de Fidupetrol y participó directamente en la contratación del abogado Víctor Pacheco para que tramitara la tutela en la Corte constitucional que involucra el supuesto pago de soborno al magistrado Jorge Pretelt.

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