Emilio Otero, el exsecretario del Senado que ha sido denunciado por falsedad, fraude procesal, extralimitación de funciones y tráfico de influencias, realizar nombramientos sin cumplimiento de requisitos, usurpación de funciones, abuso de funciones públicas, prevaricato y por incumplimiento de contratos en 2008 y 2009; acaba de ser elegido por unanimidad como Contralor de Córdoba y será el encargado de vigilar los recursos públicos del departamento y las finanzas de 29 alcaldías, además de entregar conceptos sobre la ejecución del presupuesto en la región.

Otero Dajud de Sahagún, en 2002 fue elegido secretario de la corporación y reelegido en cinco ocasiones hasta que su nombre empezó a ser cuestionado por haberse aumentado el sueldo sin ninguna facultad llegando a devengar anualmente 360 millones de pesos.

Otero fue señalado de ser el principal protagonista en 2012 de ‘La noche de los micos’ que querían colar en el Congreso durante la conciliación de la fallida reforma a la justicia; entre ellos la aprobación del fuero parlamentario a los secretarios de Senado y Cámara que los hubiera puesto a salvo de cualquier investigación judicial. El nuevo Contralor de Córdoba también fue cuestionado por autonombrarse como juez y parte de contratos de suministros de pasajes aéreos del Senado durante 10 años, doble condición que habría aprovechado para autorizar el pago y adjudicación sin auditoría.

El exsecretario del Senado fue cuestionado por enviar a su chofer a firmar la compra de un apartamento al narcotraficante Bernardo Pinzón, quien a pesar de estar en ese momento condenado, estuvo en la notaría en 2007.

Para llegar a la Contraloría de Córdoba fue apadrinado por el senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías y es conocida su cercanía con el saliente gobernador del departamento, Alejandro Lyons. El proceso de elección de contralor fue entutelado debido a que los aspirantes fueron evaluados por la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, que actualmente tiene contratos por más de 55 mil millones firmados con la gobernación.

La intervención de la CUN en este proceso también es cuestionada porque la Contraloría debería investigar por lo menos cuatro contratos por más de 50 mil millones de pesos que firmó la institución con el exdirector de regalías Jairo Alberto Zapa, asesinado en agosto de 2014 presuntamente por estar conectado a un ‘carrusel de contratos’ en proyectos de ciencia y tecnología en la región.