El Gobierno Nacional fue conminado por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Bogotá para que garantice el agua de las comunidades indígenas de La Guajira.

La justicia ratificó los argumentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dictar las medidas cautelares a las comunidades indígenas de La Guajira y mostró su preocupación porque 266 niños Wayuú han fallecido asociado a la falta de agua y la desnutrición en los últimos doce meses.

La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá implica que se deben abrir las compuertas de la represa El Cercado en La Guajira, administrado por Conalvías, empresa contratista del Estado, y resucitar el río Ranchería que, según los caciques wayuú, ha sido violentado por la aparición de empresas en la zona. Dicha propuesta fue presentada por la accionante. El Cercado represa 198 millones de metros cúbicos de agua.

Lo que las sentencias también ratifican es que La Guajira sí tiene el agua para abastecer a las comunidades indígenas pero que está en poder de manos particulares.

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Hace dos años, la Procuraduría señaló que la represa del río Ranchería no cumple con los propósitos para los que fue construida.