Empresa que fue descalificada en la Costa consiguió contratos de alimentación escolar en otros ocho
La organización que a pesar de haber incumplido los contratos de alimentación escolar de Magdalena recibió los de Cesar y Valledupar, tiene una red nacional que le permitió conseguir contratos en ocho departamentos.
- Exalcalde de Cali, otra vez en la lupa: le abrieron indagación por impresión de libros
- Ideam advierte que el Caribe colombiano podría registrar olas de hasta cuatro metros
La Contraloría y el Ministerio de Educación corroboraron las denuncias que se advirtieron desde enero de 2016 en contra de Katia Elena Rosado, Ivis Rosado Robles y María Angélica Araújo Noguera con uniones temporales que cambiaban de nombre, lograron acaparar la contratación de alimentación escolar por más de 400 mil millones de pesos.
Aunque las investigaciones se han concentrado en los recursos que el Ministerio de Educación giraba en la Costa Caribe, al revisar la contratación del ICBF en el resto del país queda en evidencia que este mismo monopolio controlaba la alimentación para adultos mayores en Putumayo, Vichada, Amazonas, Arauca, Guainía, Guajira, San Andrés y Vaupés.
Como representante legal de la Corporación para el Desarrollo de la Serranía del Perijá – Corperijá, Katia Rosado, conformó junto con el operador Wakuzari, uniones temporales que se han contratado negocios desde 2008 sin que el ICBF los sancionara por las quejas de los usuarios.
María Angélica Araújo también acaparó los contratos del ICBF por ocho años en Cesar, Córdoba, Magdalena, Sucre y Santander.
Pero aún falta el examen de otros contratistas a quienes se les adjudicó la alimentación del PAE en el sur del país como Vichada donde los estudiantes hicieron protestas en la última semana por alimentos que llegan podridos, bebidas sin refrigeración que ha intoxicado a los estudiantes de la Primavera.
El contratista Adiel Calderón Vaca ha ganado los contratos desde 2009, el más reciente es por 14 mil millones de pesos pero a simple vista no cumple con las medidas básicas de sanidad para refrigeración y almacenamiento de refrigerios precarios que se facturan por 3.200 pesos.