Transparencia por Colombia pide protección para denunciantes de corrupción

Transparencia por Colombia, una organización dedicada a combatir la corrupción en el país, ha lanzado una campaña en la plataforma Change.org para solicitar mayor protección a los denunciantes de actos corruptos. Esta iniciativa surge debido a la falta de garantías y los riesgos que enfrentan aquellos que deciden alzar la voz contra este delito.

La corrupción ha sido un problema histórico en Colombia, generando graves daños económicos que, según el Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia (TpC), superaron los 90 billones de pesos entre 2016 y 2020. Sin embargo, además de las pérdidas financieras, los denunciantes se enfrentan a serias amenazas a su integridad física, laboral y mental.

Según el informe de TpC, quienes alertan sobre presuntos casos de malversación de fondos, abuso de poder y otros actos relacionados con la corrupción, se encuentran en constante riesgo. Estas personas afrontan obstáculos jurídicos, como la recolección de pruebas y la falta de comunicación con las autoridades encargadas de investigar las denuncias. Además, sufren el acoso judicial y las consecuencias negativas para su reputación y salud mental.

Las cifras revelan que aproximadamente el 40% de los denunciantes que acuden al Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de TpC manifiestan sentirse en peligro por haber alzado la voz contra la corrupción. Estos valientes ciudadanos buscan justicia y transparencia, pero se ven expuestos a diversos riesgos y temores, como el deterioro de su reputación, represalias laborales y discriminación.

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Ante esta problemática, Transparencia por Colombia exige la protección integral de los denunciantes de corrupción. Para ello, plantea tres condiciones fundamentales: el anonimato, la confidencialidad y la orientación adecuada a los denunciantes sobre los riesgos y expectativas de su denuncia. Además, solicita a las autoridades medidas de protección física y laboral, asistencia económica y psicosocial, así como mecanismos de defensa contra posibles represalias legales.

Con el objetivo de presionar al Congreso de la República y a los tomadores de decisiones, Transparencia por Colombia ha lanzado la campaña #ProtecciónADenunciantesYa en Change.org. Hasta el momento, la petición cuenta con cerca de 8.000 firmas digitales de personas que apoyan esta iniciativa.

Claire Launay, directora programática de Iniciativas con Sociedad Civil de Transparencia por Colombia, enfatizó la importancia de condiciones favorables para realizar denuncias de corrupción y la necesidad de medidas de protección para aquellos que se atreven a alertar a las autoridades. Destacó la necesidad de establecer canales de denuncia accesibles y eficientes tanto en el ámbito público como en el privado.

Es importante recordar que, a pesar de que la Convención Interamericana Contra la Corrupción instó a los Estados a promover medidas de protección a los denunciantes desde 1997, ha sido en años recientes cuando se ha comenzado a prestar mayor atención a las iniciativas legislativas al respecto.

En 2019, el Gobierno Nacional presentó al Congreso el Proyecto de Ley “Pedro Pascasio Martínez”, que contenía elementos cruciales sobre la protección a los denunciantes. Sin embargo, esta propuesta no logró avanzar ni siquiera a un primer debate en la Cámara de Representantes.

Posteriormente, el Gobierno presentó el Proyecto de Ley 341 de 2020, que incluía un capítulo sobre protección a los denunciantes, pero dicho capítulo fue eliminado durante la primera discusión que tuvo lugar en el Senado de la República.

En este sentido, el Gobierno actual, encabezado por Gustavo Petro, ha manifestado su compromiso de presentar al legislativo un Proyecto de Ley que aborde esta problemática. Esta propuesta ha sido incluida como parte del Plan Nacional de Desarrollo, y se espera que sea presentada a las corporaciones en el inicio de la nueva legislatura en julio de 2023, lo que dará inicio a un debate público que garantice la participación de diversas voces.

Es evidente que el Congreso tiene una deuda histórica con los denunciantes de corrupción en Colombia. Aunque se han dado algunos avances, es necesario que se promueva una legislación sólida y efectiva que brinde protección integral a aquellos que deciden alzar la voz contra la corrupción. Esto implicará la implementación de medidas que garanticen el anonimato, la confidencialidad, la asistencia económica y psicosocial, así como la protección física y laboral de los denunciantes.